Asociaciones y cooperativas de transportistas de agua del Estado de México anunciaron una manifestación pacífica este lunes frente a Palacio de Gobierno, en Toluca, para exigir diálogo con las autoridades estatales y denunciar lo que califican como operativos y cateos arbitrarios realizados por la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) en al menos 48 municipios.
De acuerdo con un comunicado del gremio, las acciones emprendidas por la Fiscalía se realizan bajo el argumento del cierre de pozos irregulares, pero los transportistas aseguran que en muchos casos se ha incurrido en uso excesivo de la fuerza y abuso de autoridad, además de la colocación de sellos de aseguramiento en pipas, las cuales son su principal herramienta de trabajo.
“Mediante uso de la fuerza llevan a cabo la colocación de sellos de aseguramiento a pipas que son nuestra herramienta de trabajo para el transporte de agua”, se señaló.
Los inconformes sostienen que no existen mecanismos claros de regularización ni permisos disponibles para ejercer la actividad, por lo que demandan un proceso ordenado, transparente y funcional que reconozca el carácter social y laboral del transporte de agua. También subrayaron que rechazan categóricamente el robo o extracción ilegal del recurso, y que su única demanda es contar con condiciones legales para continuar con el abasto en zonas donde el gobierno no logra cubrir la demanda.
Los piperos, purificadoras y comunidades afectadas convocaron a estas acciones, que iniciarán alrededor de las 6:00 a.m., y que podrían generar afectaciones viales en diversos municipios como:
Naucalpan
Cuautitlán
Tlalnepantla
Ecatepec
Otumba
Zumpango
Teotihuacán
Chimalhuacán
Texcoco
Principales puntos afectados en Texcoco y alrededores:
Estatua de Nezahualcóyotl
Entrada y salida a Atenco
Soriana hacia la pista
San Bernardino y UVM
Caseta del Peñón–Texcoco
Av. Ignacio Zaragoza (Metro Acatitla)
Ermita Iztapalapa (altura Concordia)
El gremio adelantó que el objetivo de la movilización será exigir la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno del Estado de México para definir la regularización, permisos, acceso a pozos y plantas legalizadas de agua, además de garantizar la continuidad del abasto del vital líquido en las comunidades más afectadas.
