En relación a las investigaciones derivadas de la lamentable privación de la vida del niño F.D.G.S., localizado al interior de un domicilio en el municipio de La Paz el pasado 4 de agosto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México reitera que, como lo dio a conocer públicamente el pasado 13 de agosto, los presuntos responsables fueron detenidos y actualmente se encuentran bajo proceso con medida cautelar de prisión preventiva por delitos vinculados a la desaparición y secuestro que causa la muerte, por los cuales podrían obtener sentencias de condena de hasta 160 años de prisión.
Adicionalmente, la Fiscalía del Estado de México lleva a cabo una investigación radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la probable responsabilidad de servidores públicos de esta institución en la comisión de actos de abuso de autoridad por la negación del servicio en perjuicio de M.N.G.S., madre de F.D.G.S. (Fernandito).
Esta indagatoria estableció que la ofendida acudió el domingo 3 de agosto al Centro de Justicia de La Paz a denunciar que “dejó a su menor hijo al cuidado de una amiga y esta no quería devolvérselo”, lo cual hizo del conocimiento de un prestador de prácticas profesionales que se encontraba en esas instalaciones; a su vez, éste se lo informó al Agente del Ministerio Público responsable en ese momento, quien le refirió al prestador: “hay que esperar a la licenciada Brenda, porque yo ya me voy”, y también le señaló que si la ofendida no tenía deseo de esperar, podía acudir a la agencia del Ministerio Público de Género.
Luego de estas manifestaciones por parte de la autoridad, la madre de la víctima optó por retirarse y se presentó al día siguiente, es decir, el lunes 4 de agosto, a formular denuncia ante la Autoridad Ministerial en el Centro de Justicia para la Mujer ubicado en el municipio de La Paz.
En ese momento se inició investigación por el delito de privación de la libertad, y elementos de la Fiscalía, en coordinación con Policía Municipal de Género, acudieron al domicilio proporcionado por la víctima, donde al arribar se percataron de un olor fétido que provenía de unas bolsas en el patio de la vecindad, en cuyo interior lamentablemente se localizó el cuerpo sin vida y en estado de descomposición del menor de edad. Por esos hechos fueron detenidos en flagrancia Carlos “N”, Lilia “N” y Ana Lilia “N”. Los investigados deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia de condena en su contra.
Diversas periciales practicadas al cuerpo de la víctima establecieron que presentó fracturas en clavícula y costilla, así como lesiones contusas. La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico, con un intervalo de muerte de 3 a 5 días previos al hallazgo, es decir, entre el 30 de julio y el 2 de agosto; lo anterior también se estableció al considerar la entrevista recabada en sede ministerial a la madre de la víctima, en la que refirió que la privación ilegal de la libertad de su hijo sucedió el lunes 28 de julio.
En el presente informe, cabe destacar que tanto los dictámenes periciales como los actos de investigación en relación con este lamentable hecho forman parte de la indagatoria que la propia Fiscalía realiza para determinar la responsabilidad en que pudieron haber incurrido servidores públicos al “negar el servicio” a M.N.G.S., quien manifestaba que le habían quitado a su hijo.
De las conductas señaladas se advierte dilación institucional por parte de esta Fiscalía, así como una absoluta ausencia de empatía, trato solidario y nula vocación del servicio que se le debe brindar a quienes acuden a denunciar cualquier conducta delictiva.
Por lo anterior, el Agente del Ministerio Público que el día 3 de agosto derivó a la víctima a un Centro de Justicia diverso fue cesado de sus funciones y enfrentará sus responsabilidades administrativas y penales ante las autoridades correspondientes. De igual manera, una Agente del Ministerio Público del área de Género fue removida y puesta a disposición de las autoridades centrales de esta Fiscalía para que se determine si tuvo alguna conducta que afectara los derechos de M.N.G.S.
No se descarta que la investigación se amplíe a otros servidores públicos.
De igual forma, se hace del conocimiento que se llevaron a cabo actos de investigación en torno a las manifestaciones de la activista Fabiola Villa, quien el pasado 21 de agosto señaló que “la Fiscalía le negó el acceso a la carpeta”. Al respecto, se estableció que dicha persona acudió a sede ministerial con la intención de acceder al expediente de investigación sin la compañía de la ofendida y sin estar acreditada como su asesora jurídica, por lo que legalmente está impedida para tener acceso a la indagatoria.
