Carlota “N”, de 74 años, obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria luego de que un juez modificara la medida cautelar que enfrentaba por el delito de doble homicidio calificado, derivado de los hechos ocurridos cuando intentó recuperar una vivienda presuntamente invadida en el municipio de Chalco.

La resolución permitirá que la imputada continúe su proceso penal desde su domicilio, tras cumplir con una serie de requisitos establecidos por la autoridad judicial, entre ellos el pago de una garantía económica y la imposición de diversas medidas de control.

El cambio de medida cautelar se dio en cumplimiento de un amparo concedido por un juzgado federal, lo que dejó sin efectos la prisión preventiva que Carlota “N” cumplía en el penal de Huitzilzingo, en Chalco. A partir de esta determinación, permanecerá bajo resguardo domiciliario y vigilancia electrónica.

Como parte de las condiciones impuestas, deberá pagar una fianza de 250 mil pesos, portar un brazalete electrónico, no salir del país y abstenerse de acercarse a las víctimas y personas ofendidas. Asimismo, tiene prohibido aproximarse al domicilio y al centro escolar de un menor identificado con las iniciales C.C.B.

La mujer enfrenta proceso por los hechos registrados en marzo de 2025 en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, donde dos personas perdieron la vida tras recibir disparos con arma de fuego durante un conflicto relacionado con la presunta invasión de una vivienda familiar.

En la misma causa penal permanecen recluidos sus hijos, Eduardo “N” y Mariana “N”, señalados por su presunta participación en los hechos.

Como antecedente del caso, en febrero de 2026 uno de los implicados en el conflicto por el inmueble fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de despojo, luego de aceptar su responsabilidad mediante un procedimiento abreviado.

La defensa de Carlota “N” había solicitado anteriormente la modificación de la medida cautelar, argumentando su edad, su estado de salud y padecimientos como diabetes, los cuales, aseguró, se agravaron durante su permanencia en prisión y requieren atención médica constante. No obstante, esa petición fue rechazada en noviembre de 2025 al considerar la autoridad que existía riesgo de fuga y que no se acreditaba plenamente su arraigo domiciliario.